El Decreto 797 de 2020 establecía que el arrendatario debía pagar un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato al ponerle fin al contrato.
Con una votación de cinco contra cuatro, la Corte Constitucional tumbó el Decreto 797 de 2020, el cual permitía que, por la pandemia, los arrendatarios de locales comerciales terminaran unilateralmente los contratos de arrendamiento hasta el pasado 31 de agosto.
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