Libranzas y Usuarios en Grave Crisis; donde está la actividad del Estado?

Derecho Financiero y Comercial

Sorprende, por decir lo menos el descarado silencio e inactividad que los entes de inspección, control y vigilancia del estado como lo son la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades de Colombia han mantenido respecto de sociedades comerciales y cooperativas que se dedican al mismo negocio que Estraval y Elite, solo por mencionar las dos últimas y más importantes en liquidación judicial, las cuales luego de la cascada de acontecimientos y medidas han podido continuar su actividad comercial y el cumplimiento de su objeto sin más restricción de  la que se deriva de un mercado desconfiado y por ende comprimido más no por el eficiente y proactivo accionar de los entes de control que por lo contrario, hacen caso omiso a denuncias, solicitudes sustentadas y con anexos o  pruebas, respecto de otras compañías como Optimal, Vesting Group Colombia y demás sociedades de su grupo que no están aún en re estructuración solo por mencionar algunas, ahora las más importantes que quedan en el mercado.

La Superfinanciera ya tiene redactado un formato modelo de respuesta en la que se declara no competente para conocer de los hechos y refiere a la Supersociedades. La Superintendencia de Sociedades, por su parte tiene otro formato en el que señala que en ejercicio de su función y actividad ejerce inspección sobre todas las sociedades comerciales, pero que las indicadas no están sujetas a vigilancia especial ni control por lo cual en la mayoria de las ocasiones no procede con ninguna actividad de su parte ante las denuncias de los ciudadanos y victimas de estas estafas.

Recordemos que la Inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Financiera o sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades.

La Vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente.

Y el Control, en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular.

 

En el entretanto los afectados, victimas, estafados no saben que más hacer que aceptar firmar ACUERDOS DE PAGO con estos personajes siniestros para que les devuelvan lo que quieran, cuando quieran, poniéndose a rezar para que cumplan. INAUDITO pero cierto.

Es por esto que nos pareció pertinente y muy oportuno el artículo de la Edición 1801 de la Revista Semana que circuló entre el  6 y el 12 de Noviembre, titulado:  “Hueco de las libranzas podría superar los 2 billones de pesos”  que nos permitimos transcribir a continuación:

Más allá del drama de estas nuevas víctimas, lo más increíble es la lavada de manos de algunas entidades de control y la total descoordinación del Estado para enfrentar este colapso.

Hace ocho años, cuando estalló el escándalo de las pirámides, hubo manifestaciones en las calles y el problema se volvió un asunto de orden público. La noticia salía todos los días en la prensa, era titular de primera página y tema de discusión nacional. No era para menos. Miles de ahorradores reclamaban cerca de 1,7 billones de pesos que invirtieron en DMG, la empresa de David Murcia.

Sorpresivamente, el actual escándalo de las libranzas es de mayores proporciones, pues se estima que el dinero en riesgo podría superar los 2 billones de pesos. Sin embargo, la reacción de los dolientes de este nuevo colapso ha sido diferente. Las víctimas no quieren salir a la luz pública y prefieren hablar del problema en los cocteles o en los clubes sociales. Los medios de comunicación tratan este descalabro con bajo perfil y el alto gobierno poco habla del asunto. Como dicen expertos en quiebras financieras, a diferencia de las pirámides, en las libranzas cayeron estratos medios y altos de la sociedad, en buena parte con exceso de liquidez.

Además de la magnitud del ahorro del público comprometido, hay otras circunstancias que hacen de este uno de los grandes colapsos financieros en la historia reciente del país. De un lado, se presume que se cometieron delitos como estafa, fraude e incluso captación masiva e ilegal de dinero del público. Y de otro, la operación montada con los pagarés-libranzas en el mercado secundario involucra a muchos agentes, de diversa naturaleza.

En esta medida, no es fácil poner orden en el caos que se armó. Se requiere de una acción coordinada de las autoridades. Pero esto no parece estar sucediendo.

Uno de los temas que más preocupa en esta quiebra es, justamente, el papel de las instituciones del Estado. En un principio, el escándalo no parecía tener un claro doliente, pues las superintendencias de Economía Solidaria, de Sociedades y Financiera se pelotearon la responsabilidad frente a lo sucedido. Esto, a pesar de que estaban directamente involucradas cooperativas y sociedades comerciales y de que se trata de un negocio que se mueve en los linderos de las inversiones financieras.

Ahora, después de varios meses, hay quienes resumen el rol de estas tres instituciones de vigilancia de la siguiente manera: una superintendencia que se ha echado al hombro este caso (la de Sociedades), otra que reaccionó tardía y débilmente (la de Economía Solidaria) y otra que le ha sacado el bulto al problema (la Financiera).

Ciertamente, los vacíos en la vigilancia del negocio de las libranzas y sus derivados hacen que la responsabilidad se diluya sin que nadie la asuma como debería ser y que no haya coordinación en la búsqueda de soluciones.

Cada uno por su lado

La descoordinación institucional queda en claro en el conflicto que se viene dando entre la Superintendencia de Economía Solidaria y la de Sociedades. A la primera le compete vigilar las cooperativas, sector al que le cae una gran responsabilidad en la debacle. Como se ha visto, para impulsar el negocio de libranzas, las comercializadoras del mercado extrabancario se valieron de cooperativas con las que hicieron alianzas non sanctas. Se crearon ese tipo de entidades de economía solidaria solo para servir de fachada de un oscuro andamiaje que defraudó a más de 10.000 personas.

Después de recibir muchas críticas, la Supersolidaria intervino a varias cooperativas y ordenó su liquidación. Si bien esta medida era esperada, en este paso se ha enfrentado con la Supersociedades, que a su vez ordenó liquidar varias comercializadoras de libranzas, entre ellas Estraval y Elite, las dos más grandes del mercado.

El conflicto radica en el destino que tomará el dinero recuperado. Mientras la Supersolidaria dice que, tras liquidar a las cooperativas implicadas, tendrán prioridad los cooperados, la de Sociedades la contradice. Señala que las cooperativas deben girarles a los liquidadores de Estraval y Elite, entre otros, los dineros que obtengan de los deudores de los créditos-libranzas, para así comenzar a reconocerles el dinero a los inversionistas. Si bien las facultades judiciales de la Supersociedades están por encima de las de la Solidaria, esta última ha desatendido este hecho.

Aunque el argumento de la Super-solidaria de proteger a los cooperados es válido, en este caso es evidente que se montaron cooperativas de fachada y que los deudores de los créditos de libranzas son los mismos cooperados que fueron obligados a poner aportes, a cambio de los préstamos. Es decir, no se puede hablar de espíritu solidario.

Este impase ha afectado la liquidación de Estraval, caso en el cual el agente nombrado por la Supersociedades ha tenido dificultades para ir tras los dineros.

Pero este no es el único enredo dentro del proceso de arreglar este caos. Colpensiones es una de las partes de esta cadena, pues los pensionados son habituales tomadores de créditos de libranzas. Pues bien, esa entidad decidió congelar los pagos al sector en problemas. La razón es la cantidad de solicitudes que le han llegado, de diferentes entidades, para que les gire directamente las cuotas de los pensionados que tienen préstamos, sin claridad de si realmente tienen los pagarés. Ante este desorden, el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, no ha tenido otra opción que retener los pagos, pues su deber es proteger a los pensionados. Y ha dicho, “que se pongan de acuerdo sobre a quién hay que girarle el dinero”. Se calcula que solo de Estraval hay retenidos entre 7.000 y 10.000 millones de pesos en Colpensiones.

Ahora bien, si llama la atención el conflicto entre las superintendencias de Sociedades y de Economía Solidaria -que deberían trabajar en llave-, a muchos les extraña que la Superintendencia Financiera no se involucre en este lío de las libranzas, asi sean extrabancarias. Como dice un afectado, esta superintendencia vigila a Colpensiones y en esa medida debería ayudar a desenredar el rollo. Por lo demás, de la cadena de libranzas hacen parte fiduciarias –sus vigiladas– que a través de patrimonios autónomos administraron recursos provenientes de las libranzas. Los clientes de Estraval dicen que esperaban más de la Superfinanciera en el caso de Fidupaís, una fiduciaria perteneciente a los dueños de esta comercializadora, que tuvo mucho que ver con el desastre.

La ley de la selva

Y si falta coordinación entre las autoridades, la situación no ha sido diferente entre las víctimas. Los dolientes no han tenido una estrategia unificada para defenderse, en parte por la asesoría de sus abogados.

Así, los apoderados de las cooperativas están convenciendo a los afectados de firmar contratos leoninos, por medio de los cuales aceptan menos dinero del que invirtieron. Los dolientes afligidos, para no perderlo todo, prefieren recibir el 80 por ciento, así sea pagadero en cinco años. De paso, exoneran a las cabezas de las cooperativas, quienes se blindan de futuras demandas, aunque son los culpables del desastre.

Por otro lado, están quienes dicen abogar por las víctimas, pero más bien representan los intereses de los dueños de las comercializadoras como Elite y Estraval. Estos abogados buscan un plan de desmonte, pagando deudas con los activos que haya. En el fondo, pretenden evitar que los acusen por captación, delito que tiene una pena superior a los diez años de cárcel.

Algunas víctimas que han liderado este caso dicen que les preocupa que los responsables estén aprovechando el paso del tiempo, para convencer a los afectados de firmar acuerdos de pago, mientras esconden sus capitales. Cabe reconocer que la liquidación de Estraval se ha movido para rastrear el dinero de los accionistas, Juan Carlos Bastidas y César Mondragón. De hecho detectó giros al exterior por 97 millones de dólares entre 2003 y 2015. En este sentido, también la Fiscalía avanza en la búsqueda de los bienes que puedan tener las cabezas de las compañías que llevaron a esta debacle, con el objeto de hacerlos responder con sus patrimonios.

En resumen, en este caso de libranzas urge una mayor coordinación institucional y también de los dolientes, pues si cada uno aplica la ley de la selva del sálvese quien pueda, todos podrían terminar perdiendo.”

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