Supersociedades Define criterios para la adopción de programas de ética empresarial

Supersociedades

En un entorno de interdependencia mundial, los países deben crear las condiciones para que los negocios o transacciones internacionales se cumplan de forma tal que los competidores puedan acceder libremente a cualquier mercado. Tales condiciones podrían evitar la presencia de distorsiones que puedan dar lugar a desequilibrios en la oferta y la demanda de bienes y servicios.

En efecto, la posibilidad de que existan relaciones desiguales entre los participantes de un mercado puede originarse por la carencia de controles adecuados para prevenir y detectar prácticas corruptas tales, como el soborno transnacional. Es cierto, como lo afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”), que las diversas modalidades de corrupción, así como la percepción que de ella se tiene, pueden eliminar la confianza en los gobiernos, las empresas y los mercados. Tal estado de cosas, podría dar lugar a que las personas jurídicas renuncien a la innovación y a la libre competencia para darle paso a prácticas corruptas en su actividad empresarial. De otro lado, debe evitarse por todos los medios posibles que los funcionarios públicos, puedan verse inclinados a desviar sus funciones para promover sus propios intereses, en desmedro de los ciudadanos.

Como es sabido estas circunstancias pueden tener consecuencias muy negativas respecto del crecimiento y desarrollo económicos. Por tanto, el combate a la corrupción facilita el fortalecimiento de la confianza en instituciones e industrias así como en la economía de¡ país. Colombia ha desplegado esfuerzos significativos tendentes a evitar la corrupción. En este contexto, el país ha celebrado diversos acuerdos internacionales que fueron aprobados por el Congreso de la República, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, en 1997, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción – UNCAC – en 2005 y la Convención de la Orgaanización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, en 2012.

Como resultado de los anteriores convenios internacionales, el país promulgó la Ley 1778 de¡ 2 de febrero de 2016 (la “Ley 1778” o “Ley Anti-Soborno”), en virtud de la cual se establece un régimen especial para investigar e imponer sanciones administrativas a las personas jurídicas involucradas en conductas de soborno transnacional. El artículo 20 de la Ley 1778 determina que la Superintendencia de Sociedades investigará y sancionará los actos de “Soborno Transnacional” que se realicen en el contexto de un negocio o transacción internacional que involucre a una persona jurídica domiciliada en Colombia.

De acuerdo con la norma mencionada, se entiende por Soborno Transnacional el acto en virtud del cual, una persona jurídica, por medio de sus empleados, administradores, asociados o contratistas, da, ofrece o promete a un servidor público extranjero, de manera directa o indirecta: (i) sumas de dinero, (u) objetos de valor pecuniario o (iii) cualquier beneficio o utilidad a cambio de que ese servidor público realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional. Así mismo, tal artículo de la Ley Anti-Soborno prevé que cualquier persona jurídica que tenga la calidad de matriz, conforme a las normas colombianas en materia societaria, será investigada y sancionada cuando sus sociedades subordinadas, incurran en una conducta de Soborno Transnacional, con el consentimiento o la tolerancia de la controlante.

Conforme a lo previsto en la Ley 1778, la Superintendencia de Sociedades podrá investigar a cualquier persona jurídica domiciliada en Colombia por infracciones a la Ley Anti-Soborno, independientemente de que esa persona esté sujeta a inspección, vigilancia o control por parte de otra entidad del Estado. Por otra parte, el artículo 23 del estatuto citado, establece el deber de la Superintendencia de Sociedades de promover en las sociedades sujetas a su vigilancia, la adopción de programas relacionados con la transparencia y ética empresarial, así como normas internas de auditoría y mecanismos para prevenir el Soborno Transnacional (en adelante los “Programas de Ética Empresarial”). Tal artículo representa un avance significativo para fomentar la creación de una cultura dirigida a que las personas jurídicas celebren sus negocios con sujeción a la ley, de manera transparente, honesta y con observancia de los más altos principios éticos.

En esta guía de prevención del Soborno Transnacional (la “Guía”), se les propone a las personas jurídicas que deban ejecutar Programas de Ética Empresarial, la adopción de ocho principios, que se explicarán más adelante, cuya efectividad les permitirá estar en una mejor posición frente al riesgo del Soborno Transnacional y de otras prácticas corruptas. En todo caso, los encargados de poner en marcha esos programas, deberán contar con el pleno respaldo de la alta gerencia de la Persona Jurídica, de forma tal que se aseguren y suministren los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para su adecuado funcionamiento. La falta de tal compromiso y respaldo puede dar lugar a un incremento en los riesgos de Soborno Transnacional y de otros actos de corrupción, que es precisamente lo que se pretenden evitar mediante un Programa de Ética Empresarial efectivo.

En la Guía se incorporan las experiencias internacionales más exitosas en materia de prevención de¡ Soborno Transnacional y, en especial, las contenidas en la Guía de Buenas Prácticas en Controles Internos, Ética y Cumplimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) y la guías sobre programas de cumplimiento relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (“FCPA”) y la Ley Anti-Soborno de¡ Reino Unido (“UK Bribery Act”).

Entre los criterios para determinar qué sociedades deben adoptar estos programas, se estableció una clasificación por sectores, de acuerdo con sus ingresos brutos, activos totales o empleados.

 –  El plazo para la adopción de programas de ética empresarial vence el 17 de marzo de 2017.

VER RESOLUCIÓN

VER CIRCULAR

Bogotá, 01 de agosto de 2016 (SS). La Superintendencia de Sociedades, por medio de la Resolución 100-002657 de 2016, estableció los criterios para la adopción del programa de ética empresarial, en el marco de la nueva ley de corrupción transnacional.

La Ley 1778, que entró en vigencia en febrero de 2016, definió el régimen sancionatorio y las disposiciones referentes al combate y prevención de esta conducta por parte de las compañías que, específicamente, realizan negocios o transacciones internacionales bajo ciertas condiciones.

Entre los criterios para determinar qué sociedades deben adoptar programas de ética empresarial, se estableció una clasificación por sectores, de acuerdo con sus ingresos brutos, activos totales o empleados.

El plazo para la adopción de programas de ética empresarial por parte de las compañías que cumplan con los criterios fijados, vence el 17 de marzo de 2017.

Por medio de la Circular Externa 100-000003, la Superintendencia de Sociedades emitió una guía destinada a poner en marcha estos programas de ética empresarial.

Equipo Abogado Colombia – Legal Team Workers

 

 

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Paginas/2016/SuperSociedades-define-criterios.aspx

Acerca de Abogados Colombia | Legal Team Workers

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